La “Transformación” que AMLO Olvidó
En el marco de su discurso en la toma de protesta, el ahora Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a lo que él denomina las tres “transformaciones”, o grandes procesos de reingeniería institucional del Estado Mexicano, consistentes (según los describió en su discurso), siempre, por un cambio de régimen y la exaltación de determinados valores (1).
Así, la primera transformación consigue la independencia de México, y exaltando la libertad, la abolición de la esclavitud. La segunda, en una separación entre los poderes político y religioso, y el triunfo del republicanismo. La tercera (con la Revolución Mexicana y los procesos históricos que le siguieron, culminando en el Cardenismo de la década de los 1930s), comenzó como una defensa a la eficacia del voto, pero culminó en una lucha por la justicia social.
Ya otros han manifestado su preocupación por las cosas e instituciones que AMLO ha dejado fuera de su discurso (para ejemplos, un botón del tamaño de una Corte: La Suprema, uno de los tres Poderes de la Unión, cuyo Ministro Presidente estaba presente y cuya presencia, sin embargo, al parecer no fue reparada en el discurso, a pesar de sí agradecer a cada mandatario presente de otros países). Yo, sin embargo, quisiera enfocarme en otra “transformación” –no violenta, gradual, plural e incluyente- que ha dado México a lo largo de varios años, y que, pese a sus fallas, es en buena medida la causa más próxima del triunfo de Andrés Manuel, incluso por encima del descontento social con los gobiernos “neoliberales”. Me refiero, desde luego, a la transición del sistema de partido hegemónico a una auténtica democracia representativa en México.
A diferencia de las otras transformaciones, cuyo crédito corresponde a un grupo más o menos determinado de personas (o cuando menos, así ha sido reconocido en la historia oficial), la transición a la democracia representativa es un triunfo netamente ciudadano, que no acepta distingos de partidos políticos y en el que comparten responsabilidad los ciudadanos, los partidos de oposición, e inclusive – hay que decirlo – los gobiernos del entonces partido oficial.
La derecha señalará, con justa razón, a Ernesto Ruffo Appel y a Manuel Clouthier “Maquío”; el primero de ellos, reconocido por ser uno de los primeros presidentes municipales, y luego el primer gobernador, por un partido de oposición, y el segundo, un candidato de oposición a la presidencia que murió en un trágico accidente. La izquierda, no menos acertadamente, señalará su rompimiento ideológico con el PRI (en el que se empezó a gestar lo que después sería el Andrés Manuel contemporáneo), la presidencia arrebatada al Ingeniero Cárdenas, y por supuesto, el triunfo de la democratización de la Ciudad de México con la eliminación de la figura del Regente del DDF y la creación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal (encabezado también por Cárdenas Solórzano) y su Asamblea Legislativa; proceso que culminaría la propia izquierda con la elevación a carácter de Estado pleno de dicha entidad.
Pero ante todo, este proceso fue ciudadano. Los partidos de oposición empezaron a ganar espacios porque la gente votaba. Los gobiernos del entonces partido único, se vieron obligados a reconocer los triunfos de la incipiente oposición porque la gente protestaba y se resistía a las “caídas de sistema”. El gobierno vio sacudirse la tierra, y con ella su poder, en 1985, cuando los ciudadanos imponían el orden en donde no llegaban ni los militares. El gobierno vio que sus intentos por organizar elecciones fraudulentas no eran recibidos ya con la complacencia de antaño, sino con resistencia organizada. El gobierno incluso vio a un movimiento beligerante y separatista surgir de la crisis de legitimidad existente, especialmente arraigada en las comunidades indígenas asentadas en el Sudeste. En síntesis: El gobierno vio que los ciudadanos exigían sus derechos y requerían mecanismos y espacios para la expresión y ejercicio de los mismos. Y fue por eso que sucesivos gobiernos de este partido monolítico tuvieron que reconocer –a regañadientes– el poder de la sociedad civil organizada, y desde entonces, se inició un proceso gradual de reforma de la constitución y la legislación federal para dar cada vez mayores espacios a los ciudadanos. Así:
• Se le quitó al gobierno la organización de elecciones (hasta entonces confiada a la Comisión Nacional Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación), para encomendársela a un órgano en principio ciudadano y apartidista, que ganaría gradualmente autonomía hasta convertirse en Constitucionalmente Autónomo;
• Se dotó a los ciudadanos con una identificación biométrica y con fotografía, se creó un padrón electoral único, y se aseguró la actualidad del mismo, evitando “votos desde ultratumba”;
• Se fue creando poco a poco un sistema de medios de impugnación electoral, aplicado por tribunales especializados, que garantizaría los derechos políticos de los ciudadanos;
• Se creó la figura de la consulta popular –la de a de veras, en el 35 Constitucional – y se encomendó a los órganos electorales ciudadanos su ejercicio;
• Se terminó por abrir el espacio que permitió a los candidatos ciudadanos independientes participar de los procesos electorales, incluso para los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal;
• Se establecieron reglas claras para el financiamiento de las campañas políticas;
• El Poder Judicial fue revestido de verdadera autonomía, y reformado para privilegiar tanto la carrera judicial como la participación de candidatos técnicos y “ciudadanos”, no políticos;
• Se crearon sistemas de impugnación inclusive de normas jurídicas con efectos generales, a diferencia de lo que hasta entonces sucedía con el amparo y su “principio de relatividad”, de modo que los distintos actores políticos, empezando en un inicio con las minorías legislativas, pudieron impugnar normas inconstitucionales por la vía judicial;
• Se creó, y se dotó de incremental autonomía, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, culminando con su Autonomía Constitucional y sus facultades para impugnar leyes contrarias a los Derechos Humanos, mediante la legitimación activa para la presentación de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales;
• Se les dieron nuevos alcances a los derechos de petición, réplica e información;
• Se creó un Servicio Profesional de Carrera que, pese a sus múltiples defectos, permite a los ciudadanos especialistas acceder a empleos públicos dignos y tener un auténtico crecimiento profesional al interior del sector gubernamental;
• Sectores de la economía que, por su especialización, requerían ser administrados o regulados por organismos técnicos, fueron separados gradual y funcionalmente del Poder Ejecutivo mediante la creación de órganos colegiados y especializados (unos desconcentrados, otros descentralizados, y algunos hasta Constitucionalmente Autónomos, pero todos presentando una importante separación con el Gobierno Federal); y
• Se crearon los marcos jurídicos de transparencia e información gubernamental, dotando de Autonomía Constitucional al órgano garante de la transparencia, y culminando con la obligación a cargo de funcionarios públicos de hacer del conocimiento de todos sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, la llamada tres de tres.
Aunque fuera por sentido de autopreservación, estos gobiernos monolíticos fueron cediendo y creando esos espacios. Aunque no puede atribuírseles la autoría de esta “transformación silenciosa”, mal haríamos en negar el rol que estos gobiernos, y los actores que los componen, jugaron en la democratización y pluralización de la política nacional. Para quienes no lo recuerdan, sirva este ejemplo paradigmático: Quien declaró el triunfo electoral de Vicente Fox en el año 2000, no fue el IFE, sino Ernesto Zedillo.
La “transformación silenciosa” es, entonces, el logro, en su mayoría no violento, de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada imponiéndosele al gobierno y no consintiendo la represión ni la sumisión.
Extraña entonces que Andrés Manuel, en el momento de su encumbramiento a la máxima investidura política en el país y respaldado con una amplia mayoría gracias a esas mismas instituciones que son triunfos ciudadanos, no sólo desconozca el proceso que llevó a su renacimiento como político al alinearlo con el PRD y dotarlo de notoriedad nacional, sino que describa precisamente este periodo como “un desastre, una calamidad para la vida pública del país” y cuyo “distintivo (…) es la corrupción”.
Otros ya analizaron mejor que yo las fallas del neoliberalismo “a la mexicana” (2), pero en este momento, más que defender uno u otro paradigma económico, quiero defender las conquistas ciudadanas que López Obrador, desde el discurso con su silencio, y desde el programa con sus esfuerzos por concentrar un poder político superior al que le da su mayoría legislativa, ha desconocido.
Quiero replicarle al Presidente exaltando el valor de las conquistas de la “transformación silenciosa”.
Pensemos, por ejemplo, en la soberanía de los Estados y Municipios, que fueron precisamente los orígenes de esta transformación silenciosa, los primeros espacios cedidos o conquistados verdaderamente por los ciudadanos, que el gobierno entrante quiere nulificar mediante una fiscalización de sus finanzas contraria a la Constitución, y que, cuando los gobernadores responden, reciben amenaza de desaparición de poderes (3), una facultad que el Senado históricamente y la doctrina legal (4) reservan para los más graves casos.
Dediquémosle un momento a las minorías legislativas y a algunos organismos autónomos (que en nuestro actual entramado constitucional, son la primera línea de defensa para impugnar las leyes y reglamentos que sean violatorias de derechos humanos), y a nuestro –pese a todo– robusto sistema electoral. En el marco del vertiginoso torbellino reformista de la Legislatura entrante, habrá que estar atentos a cualquier intento de modificación a la estructura de estos espacios ciudadanos, y que cuidar que las personas que los ocupan sean verdaderamente ciudadanos y no representantes de ninguna “mayoría rapaz”, la Morenista incluida.
Ponderemos la importancia del Poder Judicial y de una debida y no partisana integración del mismo, para la defensa de nuestros derechos fundamentales.
Agradezcamos que la separación de funciones ha permitido que ciertas decisiones críticas, en ámbitos tan variados como la política inflacionaria, el combate a los monopolios, los insumos para la salud y las tecnologías de la información y telecomunicaciones, no estén a la merced de los volubles vientos políticos, gracias a lo cual, en el país ya no se registran inflaciones superiores al 400% -como sí sucedía, dicho sea de paso, durante los periodos que el Peje exalta en su discurso (5).
Continuemos exigiendo el acceso a la información del gobierno, y hagamos un esfuerzo activo por mantenernos al tanto de lo que hace López Obrador con el bono democrático que todos le dimos, aunque él se duela de la transparencia .
Participemos en cuanta consulta sea de nuestro interés, ni en cuanta elección tengamos derecho.
Por último, no dejemos de ejercer nuestros derechos, aunque la amenaza de la mayoría de Morena parezca avasalladora y los tiempos políticos no parezcan los más oportunos.
La libertad se gana y se conserva ejerciéndola. Si el paradigma liberal es el responsable de la exclusión de miles de millones de ciudadanos de nuestras parcas conquistas económicas, es el momento para meditar como ciudadanos si la doctrina del autoritarismo no es acaso un remedio mil veces peor que la enfermedad.
Así, la primera transformación consigue la independencia de México, y exaltando la libertad, la abolición de la esclavitud. La segunda, en una separación entre los poderes político y religioso, y el triunfo del republicanismo. La tercera (con la Revolución Mexicana y los procesos históricos que le siguieron, culminando en el Cardenismo de la década de los 1930s), comenzó como una defensa a la eficacia del voto, pero culminó en una lucha por la justicia social.
Ya otros han manifestado su preocupación por las cosas e instituciones que AMLO ha dejado fuera de su discurso (para ejemplos, un botón del tamaño de una Corte: La Suprema, uno de los tres Poderes de la Unión, cuyo Ministro Presidente estaba presente y cuya presencia, sin embargo, al parecer no fue reparada en el discurso, a pesar de sí agradecer a cada mandatario presente de otros países). Yo, sin embargo, quisiera enfocarme en otra “transformación” –no violenta, gradual, plural e incluyente- que ha dado México a lo largo de varios años, y que, pese a sus fallas, es en buena medida la causa más próxima del triunfo de Andrés Manuel, incluso por encima del descontento social con los gobiernos “neoliberales”. Me refiero, desde luego, a la transición del sistema de partido hegemónico a una auténtica democracia representativa en México.
A diferencia de las otras transformaciones, cuyo crédito corresponde a un grupo más o menos determinado de personas (o cuando menos, así ha sido reconocido en la historia oficial), la transición a la democracia representativa es un triunfo netamente ciudadano, que no acepta distingos de partidos políticos y en el que comparten responsabilidad los ciudadanos, los partidos de oposición, e inclusive – hay que decirlo – los gobiernos del entonces partido oficial.
La derecha señalará, con justa razón, a Ernesto Ruffo Appel y a Manuel Clouthier “Maquío”; el primero de ellos, reconocido por ser uno de los primeros presidentes municipales, y luego el primer gobernador, por un partido de oposición, y el segundo, un candidato de oposición a la presidencia que murió en un trágico accidente. La izquierda, no menos acertadamente, señalará su rompimiento ideológico con el PRI (en el que se empezó a gestar lo que después sería el Andrés Manuel contemporáneo), la presidencia arrebatada al Ingeniero Cárdenas, y por supuesto, el triunfo de la democratización de la Ciudad de México con la eliminación de la figura del Regente del DDF y la creación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal (encabezado también por Cárdenas Solórzano) y su Asamblea Legislativa; proceso que culminaría la propia izquierda con la elevación a carácter de Estado pleno de dicha entidad.
Pero ante todo, este proceso fue ciudadano. Los partidos de oposición empezaron a ganar espacios porque la gente votaba. Los gobiernos del entonces partido único, se vieron obligados a reconocer los triunfos de la incipiente oposición porque la gente protestaba y se resistía a las “caídas de sistema”. El gobierno vio sacudirse la tierra, y con ella su poder, en 1985, cuando los ciudadanos imponían el orden en donde no llegaban ni los militares. El gobierno vio que sus intentos por organizar elecciones fraudulentas no eran recibidos ya con la complacencia de antaño, sino con resistencia organizada. El gobierno incluso vio a un movimiento beligerante y separatista surgir de la crisis de legitimidad existente, especialmente arraigada en las comunidades indígenas asentadas en el Sudeste. En síntesis: El gobierno vio que los ciudadanos exigían sus derechos y requerían mecanismos y espacios para la expresión y ejercicio de los mismos. Y fue por eso que sucesivos gobiernos de este partido monolítico tuvieron que reconocer –a regañadientes– el poder de la sociedad civil organizada, y desde entonces, se inició un proceso gradual de reforma de la constitución y la legislación federal para dar cada vez mayores espacios a los ciudadanos. Así:
• Se le quitó al gobierno la organización de elecciones (hasta entonces confiada a la Comisión Nacional Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación), para encomendársela a un órgano en principio ciudadano y apartidista, que ganaría gradualmente autonomía hasta convertirse en Constitucionalmente Autónomo;
• Se dotó a los ciudadanos con una identificación biométrica y con fotografía, se creó un padrón electoral único, y se aseguró la actualidad del mismo, evitando “votos desde ultratumba”;
• Se fue creando poco a poco un sistema de medios de impugnación electoral, aplicado por tribunales especializados, que garantizaría los derechos políticos de los ciudadanos;
• Se creó la figura de la consulta popular –la de a de veras, en el 35 Constitucional – y se encomendó a los órganos electorales ciudadanos su ejercicio;
• Se terminó por abrir el espacio que permitió a los candidatos ciudadanos independientes participar de los procesos electorales, incluso para los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal;
• Se establecieron reglas claras para el financiamiento de las campañas políticas;
• El Poder Judicial fue revestido de verdadera autonomía, y reformado para privilegiar tanto la carrera judicial como la participación de candidatos técnicos y “ciudadanos”, no políticos;
• Se crearon sistemas de impugnación inclusive de normas jurídicas con efectos generales, a diferencia de lo que hasta entonces sucedía con el amparo y su “principio de relatividad”, de modo que los distintos actores políticos, empezando en un inicio con las minorías legislativas, pudieron impugnar normas inconstitucionales por la vía judicial;
• Se creó, y se dotó de incremental autonomía, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, culminando con su Autonomía Constitucional y sus facultades para impugnar leyes contrarias a los Derechos Humanos, mediante la legitimación activa para la presentación de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales;
• Se les dieron nuevos alcances a los derechos de petición, réplica e información;
• Se creó un Servicio Profesional de Carrera que, pese a sus múltiples defectos, permite a los ciudadanos especialistas acceder a empleos públicos dignos y tener un auténtico crecimiento profesional al interior del sector gubernamental;
• Sectores de la economía que, por su especialización, requerían ser administrados o regulados por organismos técnicos, fueron separados gradual y funcionalmente del Poder Ejecutivo mediante la creación de órganos colegiados y especializados (unos desconcentrados, otros descentralizados, y algunos hasta Constitucionalmente Autónomos, pero todos presentando una importante separación con el Gobierno Federal); y
• Se crearon los marcos jurídicos de transparencia e información gubernamental, dotando de Autonomía Constitucional al órgano garante de la transparencia, y culminando con la obligación a cargo de funcionarios públicos de hacer del conocimiento de todos sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, la llamada tres de tres.
Aunque fuera por sentido de autopreservación, estos gobiernos monolíticos fueron cediendo y creando esos espacios. Aunque no puede atribuírseles la autoría de esta “transformación silenciosa”, mal haríamos en negar el rol que estos gobiernos, y los actores que los componen, jugaron en la democratización y pluralización de la política nacional. Para quienes no lo recuerdan, sirva este ejemplo paradigmático: Quien declaró el triunfo electoral de Vicente Fox en el año 2000, no fue el IFE, sino Ernesto Zedillo.
La “transformación silenciosa” es, entonces, el logro, en su mayoría no violento, de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada imponiéndosele al gobierno y no consintiendo la represión ni la sumisión.
Extraña entonces que Andrés Manuel, en el momento de su encumbramiento a la máxima investidura política en el país y respaldado con una amplia mayoría gracias a esas mismas instituciones que son triunfos ciudadanos, no sólo desconozca el proceso que llevó a su renacimiento como político al alinearlo con el PRD y dotarlo de notoriedad nacional, sino que describa precisamente este periodo como “un desastre, una calamidad para la vida pública del país” y cuyo “distintivo (…) es la corrupción”.
Otros ya analizaron mejor que yo las fallas del neoliberalismo “a la mexicana” (2), pero en este momento, más que defender uno u otro paradigma económico, quiero defender las conquistas ciudadanas que López Obrador, desde el discurso con su silencio, y desde el programa con sus esfuerzos por concentrar un poder político superior al que le da su mayoría legislativa, ha desconocido.
Quiero replicarle al Presidente exaltando el valor de las conquistas de la “transformación silenciosa”.
Pensemos, por ejemplo, en la soberanía de los Estados y Municipios, que fueron precisamente los orígenes de esta transformación silenciosa, los primeros espacios cedidos o conquistados verdaderamente por los ciudadanos, que el gobierno entrante quiere nulificar mediante una fiscalización de sus finanzas contraria a la Constitución, y que, cuando los gobernadores responden, reciben amenaza de desaparición de poderes (3), una facultad que el Senado históricamente y la doctrina legal (4) reservan para los más graves casos.
Dediquémosle un momento a las minorías legislativas y a algunos organismos autónomos (que en nuestro actual entramado constitucional, son la primera línea de defensa para impugnar las leyes y reglamentos que sean violatorias de derechos humanos), y a nuestro –pese a todo– robusto sistema electoral. En el marco del vertiginoso torbellino reformista de la Legislatura entrante, habrá que estar atentos a cualquier intento de modificación a la estructura de estos espacios ciudadanos, y que cuidar que las personas que los ocupan sean verdaderamente ciudadanos y no representantes de ninguna “mayoría rapaz”, la Morenista incluida.
Ponderemos la importancia del Poder Judicial y de una debida y no partisana integración del mismo, para la defensa de nuestros derechos fundamentales.
Agradezcamos que la separación de funciones ha permitido que ciertas decisiones críticas, en ámbitos tan variados como la política inflacionaria, el combate a los monopolios, los insumos para la salud y las tecnologías de la información y telecomunicaciones, no estén a la merced de los volubles vientos políticos, gracias a lo cual, en el país ya no se registran inflaciones superiores al 400% -como sí sucedía, dicho sea de paso, durante los periodos que el Peje exalta en su discurso (5).
Continuemos exigiendo el acceso a la información del gobierno, y hagamos un esfuerzo activo por mantenernos al tanto de lo que hace López Obrador con el bono democrático que todos le dimos, aunque él se duela de la transparencia .
Participemos en cuanta consulta sea de nuestro interés, ni en cuanta elección tengamos derecho.
Por último, no dejemos de ejercer nuestros derechos, aunque la amenaza de la mayoría de Morena parezca avasalladora y los tiempos políticos no parezcan los más oportunos.
La libertad se gana y se conserva ejerciéndola. Si el paradigma liberal es el responsable de la exclusión de miles de millones de ciudadanos de nuestras parcas conquistas económicas, es el momento para meditar como ciudadanos si la doctrina del autoritarismo no es acaso un remedio mil veces peor que la enfermedad.
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